Colombia y su giro a la izquierda después de 200 años de vida republicana

En muchos países del mundo elegir un gobernante con ideas de izquierda no es noticia, pero en Colombia lo es, ya que, en más de 200 años de vida republicana, el 19 de junio del presente año, el Pueblo colombiano eligió por primera vez a un mandatario de centro-izquierda. Antes de Gustavo Petro los presidentes del país habían sido de derecha o extrema derecha y lo anterior se puede explicar en la poca acogida que han tenido las ideas de contenido social en la historia del país andino y el papel que han jugado sus elites económicas a la hora de desprestigiar las luchas por la justicia social, los derechos humanos y la reivindicación de mejores condiciones de vida, especialmente para los menos favorecidos, con las excusas de las luchas contra el comunismo durante la Guerra Fría y luego contra el terrorismo después del 11S.
Se hace importante entonces entender qué es Colombia para luego comprender cómo un exguerrillero pudo llegar a la presidencia de un estado marcado por el conservadurismo político y el odio a cualquier cosa que tenga relación con la guerrilla. El país tiene una extensión equiparable al tamaño de España, Francia y Portugal juntos, lo que lo convierte en el quinto más extenso de América Latina, solo superado por Brasil, México, Argentina y Perú. Con algo más de 50 millones de habitantes es el tercero más poblado, después de Brasil y México. A nivel económico cuenta con el quinto Producto Interno Bruto (PIB) de la región, después de Brasil, México, Argentina y Chile. Pero el puesto 23 de ingreso per cápita entre 32 estados medidos de la misma región. También es el cuarto más desigual del mundo, después de Sudáfrica, Honduras y Haití.
El país es considerado como el segundo más megadiverso del planeta, tenemos el mayor número de especies de animales por metro cuadrado, es rico en recursos renovables como lo son la flora y la fauna. Frente a recursos no renovables es el primer exportador de esmeraldas del mundo, el sexto de carbón térmico, el vigésimo cuarto de oro, el doceavo de níquel y es exportador de petróleo, entre otros.
En lo social, el conflicto es una constante en la historia del país. En el siglo XIX hubo nueve guerras civiles del orden nacional y más de veinte choques bélicos de carácter regional, pero el siglo XX no fue mejor. Enfrentamientos partidistas, el surgimiento de las guerrillas, el narcotráfico y el paramilitarismo convertirán el territorio nacional en campo de batalla de fuerzas legales e ilegales que se enfrentarán por la hegemonía, en un país que se destaca por sus agrestes montañas, frondosas selvas y caudalosos ríos. Vivimos un conflicto armado no declarado que pervive hoy.
Con el fin de la Guerra Fría, hubo procesos de desmovilización de algunas guerrillas, entre ellas el M-19. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con 70 miembros elegidos por voto popular y 19 de estos escaños fueron ganados por la desmovilizada M-19. Este proceso constituyente llevó a la expedición de la Constitución de 1991, la cual sigue vigente. Lo anterior significa que la Constitución de Colombia cuenta con un componente ideológico de hombres y mujeres que abandonaron las armas en busca de la institucionalidad y la mayoría de ellos nunca retomó la lucha armada, entre los que se encuentra Gustavo Petro Urrego.
En la década del 90ª mientras las guerrillas no desmovilizadas se fortalecían, también aumentaron sus excesos y abusos contra los colombianos, delitos como el secuestro, la extorción, homicidios, reclutamientos de menores entre muchos otros, se convirtieron en el pan de cada día. El poder de las guerrillas creció, pero también su rechazo social, eso ayudó a construir un discurso marcado por el miedo, el odio y la renuncia de los colombianos a reclamar los más mínimos derechos.
Desde hace 30 años la lucha contra las guerrillas en Colombia ha estado en el centro de los debates electorales y la extrema derecha encontró en ellas la manera de justificar sus excesos y sus abusos. Temas como la educación, la salud y la inversión social se convirtieron en asuntos menores frente al propósito de acabar con la insurgencia y quien pensara diferente era catalogado de enemigo del Estado, un guerrillero más. Con el paso de los años la sociedad colombiana se hizo más indolente frente a los temas sociales y más tolerante con el actuar abusivo de la extrema derecha.
Las FARC-EP eran necesarias para el discurso del odio. Continuar con la guerra era rentable para los sectores más conservadores del establecimiento. La extrema derecha colombiana necesitó de la guerrilla para justificarse a sí misma. Por eso cuando se llegó a un acuerdo de paz entre el Estado colombiano liderado por el entonces Presidente Juan Manuel Santos Calderón, surgieron muchos contradictores que a la hora de la refrendación mediante un plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016 lograron la victoria del NO. Con una diferencia de 54 mil votos los defensores del NO obtuvieron el 50.21% de la totalidad de los votos y quienes votaron por el SI el 49.78%. Unos meses después el partido Centro Democrático con un discurso contrario al acuerdo de paz también ganó las elecciones presidenciales con su candidato Iván Duque Márquez. Ambas elecciones mostraron un país dividido, el del SÍ y el del NO, el conservador y el progresista.
El 28 de abril de 2021 en medio de una pandemia, mientras el país pasaba por la tercera ola de contagios y vivía su peor momento en número de muertes por Covid19 y las autoridades nacionales, departamentales y municipales prohibían las manifestaciones públicas con el argumento de evitar que se convirtieran en focos de contagio, miles de colombianos, especialmente jóvenes salieron a las calles a protestar, evidenciado que era mayor la inconformidad con el Gobierno de Duque que el miedo al virus. Durante los meses de mayo y junio fue declarado el paro nacional, hubo bloqueos en vías de todo el país y llegaron a escasear algunos productos básicos como alimentos, suministros para las industrias, entre otros.
La mayoría de las marchas fueron pacíficas, en algunos casos se presentaron desmanes que pudieron ser ocasionados por sectores de la sociedad con hambre, pero también por individuos infiltrados. Mientras tanto el Gobierno Nacional, las elites regionales, los medios de comunicación tradicionales, la extrema derecha, entre otros, buscaron deslegitimar la protesta social, acudiendo al desprestigio de los marchantes, hay que recordar que durante mucho tiempo en Colombia estuvo mal visto reclamar derechos. Se les quiso vincular con la guerrilla y con Gustavo Petro Urrego, en un país que como se dijo antes, con la excusa de la lucha contra las guerrillas se han cometido muchos abusos.
Durante las protestas el Gobierno Nacional hizo uso de una fuerza desproporcionada en contra de los manifestantes desconociendo incluso sus propios protocolos. Las imágenes de policías disparando armas de fuego a la multitud o tanquetas lanzando cohetes a personas desarmadas le dieron la vuelta al mundo. La defensoría del Pueblo colombiana afirma que fueron más de 70 los muertos durante las manifestaciones de inconformidad social y cientos los desaparecidos. Pero quienes tienen miedo a perder sus privilegios acudieron a viejos mecanismos de disuasión muy presentes en la historia de Colombia, es el caso del uso de civiles armados, encargados de hacer el trabajo sucio de los privilegiados como amenazar, lesionar, desplazar, torturar y asesinar.
Durante los últimos 30 años, Gustavo Petro Urrego, el hijo de una familia de clase media que en la década del 70ª ingresó a la guerrilla del M-19 y quien en 1990 se desmovilizó, fue creciendo en reconocimiento por su papel jugado en el Congreso de la República al denunciar situaciones tan graves como los vínculos de la clase política tradicional con el paramilitarismo o casos de corrupción que de nuevo tenían como protagonistas a políticos tradicionales. Lo anterior le acarreo muchos enemigos en el establecimiento.
Como alcalde de Bogotá fue destituido e inhabilitado en el año 2013 por el entonces Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, lo que fue el comienzo de un enfrentamiento que se ha batallado en diferentes escenarios jurídicos, nacionales e internacionales, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 2020 Petro Urrego vs Colombia, le ordenó al país adecuar su ordenamiento a estándares convencionales. Hoy el Estado colombiano no ha cumplido la anterior orden y ha eludido con una reforma legal hecha a la Procuraduría General de la Nación, claramente inconvencional. A Petro Urrego se le debe reconocer el cumplimiento de su promesa de no volver a tomar las armas a pesar de haber tenido en contra a la clase política tradicional que ha usado todo su poder e incluso las instituciones del Estado para anularlo políticamente.
Con el Gobierno desprestigiado de Iván Duque Márquez que representa a la derecha y a la extrema derecha y el recuerdo vigente de la mayor movilización social de los últimos 70 años, para las elecciones presidenciales de 2022 de nuevo se enfrentaron dos visiones de país, una que representa los intereses de las elites que durante más de 200 años han conservado sus privilegios y otra que reivindica derechos, especialmente de los menos favorecidos, pero que al mismo tiempo carga el estigma de ser liderada por un exguerrillero.
El 29 de mayo del presente año la primera vuelta presidencial es ganada por Gustavo Petro Urrego, con un 40,32% de los votos y mientras tanto los candidatos de derecha Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez obtienen el 28,15% y 23,91% respectivamente. Pasan a la segunda vuelta Petro y Hernández. Esta se realizó el 19 de junio y es ganada por Gustavo Petro Urrego con un 50,44% frente a un 47,31 obtenido por Hernández. Se convierte así en el primer presidente de centro-izquierda en 200 años de vida republicana.
Las propuestas de campaña de Gustavo Petro Urrego chocan con algunos de los estamentos más conservadores y poderosos del país entre los que se encuentran los terratenientes, los industriales y los mineros. En Colombia, muchos de los problemas históricos tienen que ver con la tenencia de la tierra y en este sentido el hoy Presidente electo propone una gran reforma agraria que le permita a más campesinos acceder a la titularidad de la misma. En lo energético y ambiental propone un cambio de modelo al pasar de uno extractivista, basado en el carbón y el petróleo a uno que se sustente en energías renovables.
Plantea una reforma tributaria que pretenderá recaudar más dinero eliminando las exenciones y demás beneficios tributarios dados a las empresas extractoras de minerales y personas naturales y jurídicas con más altos ingresos y patrimonios del país. Petro pide la renegociación de varios tratados de libre comercio celebrados con otros estados, lo que seguramente le traerá problemas en el contexto internacional. Se restablecerán las relaciones con Venezuela, se buscará implementar el acuerdo de paz y se espera que restablezcan las negociaciones de paz con el ELN, rotas durante el Gobierno Duque.
Como puede deducirse, muchos de los ricos en Colombia sienten amenazados sus privilegios y muchos que no lo son, también tienen temor, pero en su caso de perder sus empleos por la huida de sus empleadores e inversores. El reto para el nuevo Presidente de Colombia es unir al país alrededor de su proyecto de sociedad, buscar que cese la polarización, superar los discursos basados en el miedo y el odio, establecer puentes solidos entre las elites económicas, políticas y sociales con el pueblo, disminuir la desigualdad y que mejores condiciones de vida lleguen a más colombianos. Petro tiene la obligación de tranquilizar a sus contradictores y no defraudar a sus seguidores. La tarea no será sencilla, pero por el bien de Colombia tiene que ser posible.