Andrés Iván Dueñas Castrillo

El pasado lunes España vivía una resaca electoral, quizás más dura para aquellos que su dolor de cabeza era debido a la tristeza de unos resultados decepcionantes (la izquierda), mientras que para otros era causado por una noche de alegría y celebración (la derecha). Como nos sucede a cualquiera después de un fin de semana de excesos, el lunes se hace duro, pero es que en el caso de nuestro país el Presidente del Gobierno no ha dado tregua ni a quienes aún seguían festejando sus victorias ni a los que todavía se estaban tambaleando del golpe sufrido la noche anterior: ha decidido disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas el próximo 23 de julio.
La forma de gobierno de España es característica de las conocidas como parlamentarismo racionalizado. A nuestro bicameralismo imperfecto, que facilita la adopción de decisiones legislativas, le sigue una suerte de institutos llamados a favorecer la estabilidad del Gobierno. El más conocido de todos ellos es la moción de censura constructiva (curiosamente, la única que ha resultado exitosa en la historia de la democracia española fue la que aupó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez en 2018), en la cual el Congreso de los Diputados (Cámara exclusivamente competente para otorgar o retirar la confianza al Presidente del Gobierno), por un lado, puede censurar al Presidente saliente; pero, por otro, para presentar tal moción obligatoriamente se ha de registrar con un candidato alternativo a quien se quiere censurar (art. 113 CE), de tal manera que en el caso de censura se inviste de manera automática como Presidente al candidato propuesto. Para que la moción resulte victoriosa, la ha de apoyar la mayoría absoluta de diputados, mayoría distinta a la requerida para investir al Presidente del Gobierno, en cuyo caso es suficiente la mayoría simple de votos en segunda vuelta (art. 99.3 CE).
Con lo anterior se dificulta que el Parlamento pueda destituir al Presidente y a todo su Gobierno, de cara a facilitar la estabilidad gubernamental. En el otro lado de la moneda, el Presidente del Gobierno tiene la potestad de poder disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas (art. 115. CE) por motivos puramente de oportunidad política. Lo único que establece nuestra Constitución es el requisito de que se lleve a cabo una previa deliberación del Consejo de Ministros, obligación que, por cierto, no parece haber respetado Pedro Sánchez, dado que su anuncio institucional, por la mañana, lo realizó previamente a la reunión mantenida con su Consejo de Ministros, celebrada por la tarde. Un instrumento, el de la disolución del Parlamento y convocatoria anticipada de elecciones, que es un rasgo de la preeminencia del líder del Gobierno en nuestro sistema, pues la competencia es de su exclusividad y lo hace bajo su completa responsabilidad.
El Presidente del Gobierno, cuando decide disolver el Parlamento y convocar anticipadamente elecciones, continúa como tal en sus funciones. Es decir, no dimite, como se ha podido leer en estos días en algunos periódicos italianos. La dimisión del Presidente supondría el cese del Gobierno y la activación del art. 99 CE, que es el que regula la investidura del Presidente. Las Cámaras seguirían en activo y tendrían que designar a un nuevo líder del Ejecutivo. Solo en el caso de que no lograran hacerlo en los plazos constitucionalmente previstos (dos meses desde el primer debate de investidura), se prevé su disolución automática y la convocatoria anticipada de elecciones. Fue lo que sucedió en 2016 y 2019, cuando las Cortes Generales no lograron investir a un candidato a la Presidencia del Gobierno y los españoles nos vimos obligados a volver a las urnas.
¿Por qué ha decidido convocar anticipadamente elecciones Pedro Sánchez? El actual Presidente del Gobierno es un político que ha sabido resurgir de sus cenizas en varias ocasiones. No han sido pocos los episodios en los cuales se pensaba que no podía levantarse y, sin embargo, recuperó fuerzas y volvió a caminar con velocidad. El primero de ellos, en marzo de 2016, cuando llegó a un acuerdo con Ciudadanos (partido que, tras los malos resultados del domingo en las elecciones autonómicas y municipales ha decidido no presentarse a las próximas elecciones generales) pero no alcanzó los votos requeridos para ser Presidente del Gobierno, lo que avocó a España a unas nuevas elecciones en mayo de 2016, tras las celebradas en diciembre de 2015. Tras esas elecciones, Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir como Secretario General del PSOE dado que el aparato de su partido le dio la espalda al permitir, con su abstención, la investidura de Mariano Rajoy en 2016, a lo que era contrario. El ahora Presidente del Gobierno dimitió también como diputado y comenzó una campaña interna dentro del PSOE que le aupó nuevamente hasta la Secretaria General del partido.
Tras una serie de graves episodios relacionados con la corrupción, el PSOE decide presentar una moción de censura a Mariano Rajoy entre mayo y junio de 2018. Lo hace con un PSOE que venía de cosechar sus peores resultados históricos: tan solo 85 diputados de un total de 350. Sin embargo, Pedro Sánchez logra desbancar a Mariano Rajoy y formar un Gobierno monocolor del PSOE que, sin embargo, resiste poco: no logra el apoyo del Parlamento a la ley de presupuestos y, por tanto, decide, como ha sucedido ahora, disolver las Cámaras y convocar elecciones anticipadas, que se celebraron en abril de 2019. Tras los comicios, no fue posible formar un Gobierno debido a la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, cosa que sí lograron tras la repetición electoral en noviembre de 2019, en un escenario en el que había irrumpido con fuerza la extrema derecha representada por VOX.
Se inauguró entonces un momento político en España jamás vivido en su historia: se conformó el primer Gobierno de coalición a nivel nacional. Un Gobierno que ha sufrido los vaivenes de la pandemia, de la erupción del volcán de La Palma y de la guerra de Ucrania. No ha sido una legislatura fácil. Sin embargo, las medidas que ha tomado han sido claramente de corte socialdemócrata: aumento del salario mínimo interprofesional desde los 745,9€ en 2018 a los 1080€ en 14 pagas en 2023, la aprobación del ingreso mínimo vital, el aumento en el ultimo año del 8% de las pensiones, una reforma laboral que ha permitido una contratación indefinida récord o el descenso de los precios de la electricidad gracias a la conocida como “Excepción Iberia” y la apuesta decidida por las energías renovables, lo que ha permitido que España sea el país de la UE con menor tasa de inflación en los precios.
Sin embargo, Pedro Sánchez ha cometido errores. En un sistema parlamentario como el español, ha ejercido su liderazgo, en ocasiones, de una manera presidencialista, tomando decisiones sin contar con su socio de Gobierno (como el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental); y ha tratado de que personas afines a él ocupen importantes puestos en órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional.
Lo anterior, sin lugar a dudas, es lo que más ha podido pasar factura al Gobierno de España en las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo. Unos comicios en los que se ha hablado más de los problemas en clave nacional que de los regionales o municipales. La oposición, liderada por el PP, ha aprovechado la campaña para hablar de la necesidad de derrotar al “sanchismo”, y su táctica política ha sido, sin lugar a dudas, exitosa. Ha logrado vencer en regiones importantes para los socialistas, como la Comunidad Valenciana, Aragón o Extremadura; y arrebatar alcaldías a la izquierda de capitales autonómicas, como Valencia, Sevilla o Valladolid. Mientras, sus socios de Gobierno, Unidas-Podemos, han perdido su bien más preciado, la alcaldía de Barcelona.
En este escenario, es posible que Pedro Sánchez haya pensado que es mejor no esperar a que se formen los gobiernos autonómicos y municipales, que pueden desgastar aún más su figura y la del conjunto del Gobierno nacional. Con ello, ha preferido no esperar a los, por ejemplo, posibles beneficios que le otorgaría la Presidencia española de turno de la UE, sino que ha asumido en primera persona la responsabilidad de los malos resultados cosechados en las municipales y autonómicas para dejar que “sean los españoles quienes decidan”. Con ello, también mete presión a su izquierda, a sus socios de Unidas-Podemos y a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, que ha fundado su propia plataforma política -Sumar- y aún está por ver si será capaz de llegar a un acuerdo con Unidas-Podemos para concurrir juntos a las próximas elecciones.
Si se hace un análisis general de los resultados, vemos que el golpe para el PSOE es sumamente importante, pero es más grande aún para su socio, Unidas-Podemos, que prácticamente desaparece de todos los Parlamentos autonómicos y tan solo podrá formar parte del Gobierno, en su caso, de una Comunidad Autónoma: Navarra. Del otro lado, VOX irrumpe con fuerza en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y la excepción que hasta ahora suponía Castilla y León, la única Comunidad Autónoma con un Gobierno de coalición entre populares y el partido de extrema derecha, parece que pasará a ser ahora la regla en muchas ciudades y Comunidades Autónomas españolas. El adelanto electoral supone también una cierta presión para el PP de Núñez Feijòo, que desde que asumió el liderazgo del partido ha tratado de distanciarse de VOX, pero se ve obligado a pactar con ellos si quiere llegar a Gobiernos municipales y autonómicos.
En definitiva, Pedro Sánchez es un político acostumbrado a navegar contracorriente y a afrontar desafíos de los que, hasta ahora, ha salido victorioso. Si bien es cierto que, en este momento, su figura política está más desgastada que cuando llegó a la Presidencia del Gobierno en 2018. En cualquier caso, la partida de las elecciones generales del próximo 23 de julio se va a mover a la derecha del PP y a la izquierda del PSOE. Quien logre ser tercera fuerza -Sumar/Unidas-Podemos o VOX- es probable que sea quien logre obtener los diputados necesarios para apoyar un Gobierno, ya sea progresista o conservador. La suerte está echada y los españoles nos veremos obligados a interrumpir nuestras vacaciones estivas para votar en unas elecciones que, sin lugar a dudas, harán aumentar los grados de un verano que ya se presumía que iba a ser el más caluroso de la historia.