Manuel Bermúdez-Tapia

Introducción
El contexto de ingobernabilidad, los sucesivos cambios de gobierno, el permanente conflicto entre poderes de Estado y otras crisis complementarias han generado un panorama complejo en el Perú en los últimos cinco años (Bermúdez-Tapia, 2020).
En el ámbito comparativo, esta crisis sociopolítica permanente es una referencia mucho más amplia de la realidad política, económica, cultural y social peruana por cuanto son periódicas las épocas de inestabilidad política (Azcona, Prado, 2020), especialmente porque se asume que la causa principal está en función a los liderazgos políticos que ejercen poder en la Presidencia de la República y en el Congreso de la República.
Una condición equivalente a la evaluación que se hace al describir un iceberg, porque no se analizan las causas que provocan estos contextos de crisis y sólo se hace una descripción muy general sobre lo que ocurre en términos de días, semanas o meses.
Sin embargo, el análisis de la realidad peruana permite proyectar un punto medio en la realidad latinoamericana, especialmente porque en el país andino se observan referencias que se identifican en toda la región (en esta Revista Bermúdez-Tapia, aquí).

1. Una elección complicada en el 2021
Pedro Castillo Terrones, un profesor de colegio en zona rural en la región de Cajamarca, en una de las zonas de mayor pobreza en el Perú, postuló a la presidencia de la República del Perú para el período 2021-2026, con la esperanza de que la organización política con la cual se asociaría alcance a superar la “valla electoral” y a tener una representación parlamentaria en el Congreso de la República (en Revista Mastromarino, aquí).
El contexto político complejo a raíz del permanente conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República en el período 2016-2021 (Barturén Núñez, 2022) registró cuatro procesos de destitución presidencial: se generó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, se procedió con la sucesión presidencial de Martín Vizcarra Cornejo, se disolvió el Congreso de la República, se generó un proceso electoral parlamentario especial y se destituyó al presidente, todo en menos de cuatro años.
Un panorama polarizado de sectores políticos en el país que se amplificó porque no se establecieron los consensos suficientes para generar alianzas con objetivos programáticos y específicos, al menos para generar una condición de gobernabilidad. El elevado nivel de caudillismo, la falta de convicción ciudadana en el electorado y la elevada permeabilidad a situaciones de corrupción por parte de las clases políticas generó una primera vuelta en el proceso electoral presidencial en la cual no participaron aproximadamente nueve millones de votantes de un total de veinticinco millones.
Las ternas presidenciales que pasaron a la segunda vuelta en conjunto sólo lograron tener en conjunto un aproximado de cinco millones de votantes (Gavelan Carranza, 2002), situación que proyectaba una condición de debilidad del próximo gobierno porque de forma complementaria, se estableció un Congreso con muchas organizaciones con un bajo perfil y escasos integrantes.
En este panorama, los extremos políticos peruanos reflejaron todo lo que había ocurrido entre los años 1993 al 2021, especialmente porque el país mantenía niveles de exclusión social, pobreza endémica, prestación de servicios públicos limitados y una elevada corrupción en los altos sectores de todas las entidades públicas (Bermúdez-Tapia, 2001).
Pese a las voces de un “fraude electoral”, que no llegó a verificarse, Pedro Castillo Terrones asumió la presidencia y desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre del 2022, fecha en la cual fue vacado de la presidencia, había demostrado una elevada impericia política y un desconocimiento total de las funciones en un cargo público.

2. Un gobierno inestable y un presidente sin liderazgo y capacidad
Los cambios de ministros de Estado y las renovaciones de cuadros técnicos en las diferentes entidades confirmaron las sucesivas denuncias por corrupción que se habían planteado desde el Ministerio Público, Contraloría General de la República y Congreso de la República, registrándose a la fecha dos acusaciones constitucionales, siete investigaciones fiscales directas contra quien fuera el presidente del país y más de veinte investigaciones en las cuales se consigna una participación indirecta, a través de representantes y testaferros, en actos delictivos.
Referencias que condicionaron la línea de gobierno desde el primer momento porque el líder de la organización política en la cual participaba Pedro Castillo había sido condenado por delito de corrupción en agravio del Estado y conforme a la legislación penal-constitucional peruana, Vladimir Cerrón, el segundo vicepresidente de la República elegido en el proceso electoral del 2021 no podía asumir cargo alguno en el Estado.
Este hecho provocó que Pedro Castillo opte por vincularse con sectores políticos sin mayor representatividad política y esto debilitó a su gobierno, especialmente ante el Congreso de la República quien tenía como única limitación la opción de disolución de su fuero, por ser esta una prerrogativa constitucional del presidente, siempre y cuando se registren factores de legitimización del poder en la presidencia del Consejo de Ministros.
Ante esta perspectiva, tomando en previsión una eventual disolución del Congreso, los congresistas plantearon un proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 31335 “ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución política del Perú” (TC, 2022), la cual fue favorable al fuero parlamentario debido esencialmente a la interpretación constitucional que el anterior colegiado del Tribunal Constitucional había formulado en el proceso competencial por la “disolución del Congreso de la República” (TC, 2020).
Un antecedente, contra toda interpretación de la Constitución, validó la disolución del Congreso de la República durante el gobierno de Martín Vizcarra al “validarse” la denegatoria fáctica de una cuestión de confianza, planteada por el entonces Primer Ministro cuando el Congreso en sesión ordinaria desarrollaba la votación para la elección de un nuevo colegiado en el Tribunal Constitucional (Paucar Gomez, Paucar Espinoza, 2014).
La condición particular en esta elección, es significativa porque los postulantes que habían logrado tener la mayor calificación eran personajes próximos a la oposición del entonces gobierno de Martín Vizcarra y el primero en pasar por el proceso de votación para su nombramiento era un familiar directo del entonces presidente del Congreso de la República.

3. Entre la disolución del Congreso, el golpe de Estado y la caída de un gobierno insostenible
El antecedente en mención provocó una condición que limitaba las funciones del Congreso de la República, especialmente porque la mayoría de sus integrantes no quería provocar una condición negativa a sus propios intereses, conformen detallaban ante medios de prensa, porque implicaba la pérdida de una remuneración que en el sector privado no hubieran podido tener en mérito a sus cualidades personales o profesionales.
Sin embargo, ante las evidencias en las investigaciones fiscales y policiales, Pedro Castillo se vio forzado a dos procesos de destitución que no lograron superar la votación calificada que estipula la Constitución. Sin embargo, este panorama cambió en diciembre del 2022 cuando Pedro Castillo pasó por un tercer proceso de destitución y la votación se ejecutaría el miércoles 7 de diciembre, en horas de la mañana.
Conforme se había proyectado, en el Congreso de la República no había el consenso suficiente para generar una destitución presidencial por incapacidad moral y proceder con una sucesión presidencial, a favor de la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, quien días previos había logrado superar un proceso de destitución en el cargo de congresista por no cumplir los requisitos que la Constitución establecía.
Fuera de todo pronóstico y cálculo, estando el Congreso de la República aún en proceso de “convocatoria” a los congresistas para el inicio de sus sesiones, el entonces presidente Pedro Castillo pronuncia un discurso a la nación y “disuelve” el Congreso de la República y plantea el cierre de los órganos constitucionales autónomos.
Esta situación provocó que el Congreso de la República, conforme a su reglamento y tomando en cuenta que había sido planificada la sesión donde se abordaría su destitución, “omita” el debate y se genere el proceso de votación, el cual provocó que Pedro Castillo sea destituido de su cargo de presidente de la República, por incapacidad moral permanente.
A la hora de este hecho, el mismo Pedro Castillo, previa coordinación con el gobierno de México planteó asilarse en la embajada de México en la ciudad de Lima, pero el tráfico de la ciudad impidió su movilización e ingreso a dicho local, situación que fue aprovechada por la Policía Nacional para generar una detención por flagrancia delictiva, ante el aviso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de no aceptar el acto de disolución del Congreso.
En menos de tres horas y media, Pedro Castillo había generado una “disolución del Congreso”, una acción de asilo que no se pudo completar, una detención por mandos inferiores de la Policía Nacional y finalmente un mandato de reclusión preliminar en el centro de reclusión donde se tenía a Alberto Fujimori como condenado.
Dicho ambiente, había sido cuestionado por el mismo Pedro Castillo porque la calificaba como una “cárcel dorada” y finalmente desde el miércoles 7 de diciembre está ubicado en dichas instalaciones, hasta que se confirme una eventual condena por el delito de rebelión, la misma que será la primera de varias condenas porque los otros procesos siguen en trámite.

4. Una presidenta con el mismo perfil que Martín Vizcarra
Dina Boluarte, ante la vacancia presidencial decretada por el Congreso de la República contra Pedro Castillo, asume la presidencia por sucesión presidencial, bajo los mismos elementos referenciales que identificaron al gobierno de Martín Vizcarra:

1. Se asumió la presidencia de la República por una sucesión presidencial, proyectada desde el mismo Congreso de la República y sobre la cual se habían hecho las coordinaciones previas con Martín Vizcarra y Dina Boluarte.
2. Tanto Martín Vizcarra como Dina Boluarte presentan denuncias penales por la presunta comisión de delitos antes de asumir la presidencia de la República.
3. Martín Vizcarra y Dina Boluarte no forman parte de ninguna organización política y no contaron con el apoyo de grupos parlamentarios en el Congreso de la República.
4. Durante el día 10 de diciembre de 2022, Dina Boluarte designó a sus ministros de Estado, todos ellos sin un perfil político o representativo significativo. Situación idéntica al gobierno de Martín Vizcarra y ello proyecta una debilidad en el gobierno.
5. Martín Vizcarra no podía salir del país porque su vicepresidenta había renunciado al cargo antes de la vacancia que decretó el Congreso de la República (Bermúdez-Tapia, 2020). Dina Boluarte tampoco tiene vicepresidente porque este no logró juramentar en el cargo al haber sido condenado por delito contra el Estado.

Consecuentemente, el gobierno de Dina Boluarte nace frágil, se ha constituido muy limitadamente con unos ministros sin apoyo político o consenso en el ámbito técnico y en el Congreso de la República ya se anticipan acciones contra su eventual gobierno.

Conclusiones
Conforme lo detallado, el panorama descrito es muy complejo pero es el reflejo de lo que ha sucedido en la mayor parte de la República, donde la inestabilidad social ha provocado que las autoridades en el Estado no sean representativas y estén próximas a casos de corrupción, sobre la cual nunca de pudo consolidar un proceso de “alianza entre la población y el Estado”, porque la idea del Contrato Social es ajena a la realidad peruana (Bermúdez-Tapia, 2020), debido esencialmente a la polarización de su población y a la falta de liderazgos políticos en época de crisis generalizada (Durand, 1996).

Las crisis políticas de Chile, Ecuador y Bolivia en el 2019, responden a una marcada división social derivada de las acciones de gobierno y de manejo económico del país, provocando sectores identificados en función a patrones de referencias derivados de un problema no atendido derivado de la crisis del modelo político-constitucional europeo impuesto en el siglo XVIII en el proceso de independización.
Las naciones indígenas ocupaban territorios que no han sido considerados en las realidades políticas de los países que se independizaban. Los quechuas se ubican en la actualidad en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Los aimaras están en Perú, Bolivia y Chile. Los mapuches están en la Patagonia. Las naciones amazónicas están ubicadas en las zonas de fronteras. Durante doscientos años no fueron tomadas en cuenta en el desarrollo del país, incluyéndolos en el desarrollo social, económico y cultural.
Una realidad muy representativa del Perú, que recién en 1960 inició el acceso al Amazonas y en 1979 reconoció los derechos políticos de las comunidades indígenas que eran analfabetas hasta entonces. Los procesos de reforma constitucional en toda la región siguieron un camino similar, reconociéndose el pluralismo legal y los derechos de naturaleza individual y colectivos en cada país (Bermúdez-Tapia, 2021, p. 11).
Los modelos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia, representan el modelo que Chile y Argentina, asumirán en los próximos años y esto responde al hecho de que el Perú y Bolivia, constituyen los países con mayor presencia de población indígena en la región.
Los contextos de división social, exclusión de pueblos indígenas, negligente manejo económico de las riquezas del territorio, desgobierno y elevados niveles de impunidad provienen de la extensión de un patrón cuyo origen se registra en el inicio del virreinato del Perú, el cual fue el que dominó política y militarmente toda la región sudamericana entre 1542 hasta 1717, fecha de creación del Virreinato de Nueva Granada (Colombia-Venezuela). En 1776 se creó el Virreinato de Mar del Plata y de su división es que se originan Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Por acción de Simón Bolívar, se determina la autonomía de la audiencia de Charcas, anexada de facto en 1809 al Virreinato peruano, creándose Bolivia. La división del Perú se inició y con ello se planteó la división de dos realidades políticas peruanas que fue ejecutado en 1836 por uno de los generales de la independización: Andrés de Santa Cruz.
Guayaquil que optaba por su autonomía del Virreinato peruano en 1822, es anexada a la Gran Colombia por acción de Simón Bolívar y pasividad de José de San Martín y por ello en 1830 establece una alianza con Quito, para dar nacimiento a Ecuador (Chiriboga, 2019).
Por estas razones, los conflictos entre La Paz con Santa Cruz y Guayaquil con Quito, permiten evocar el problema material de la creación de los países sobre la base de un mal manejo de la población registrado en un territorio que extendía su identidad sobre la base de las Reales Audiencias que históricamente estaban sujetas a Lima.
Consecuentemente, desde inicios del siglo XVIII, se ha registrado la afirmación que permite detallar que para conocer Sudamérica, es necesario conocer el Perú.
La historia republicana peruana permite detallar que cada crisis política y económica registrada deriva de un período de prosperidad.
La independencia se produjo en un momento en el cual Lima representaba al poder español en toda la región latinoamericana al nivel de que los mejores representantes que validaron la Constitución de Cádiz en 1812, fueron peruanos.
La representación peruana generó notable participación en las Cortes de Cádiz, donde Vicente Morales y Duárez fue presidente de las Cortes. Dionisio Túpac Yupanqui expuso por primera vez en el mundo, el concepto de conflicto de pueblos porque hasta ese entonces, se asumía que todo país era una “nación”, sin tomar en cuenta el contexto de división multicultural de la población (Alaperrine, 2001, p. 501). El registro de las reglas del derecho de guerra entre españoles e incas, permitió que el vasallaje feudal europeo pueda mantener a un representante de la clase noble incaica en el poder que era reconocido por la misma Corona española.
Blas de Otoloza, por su parte, fundamentaba las bondades del sistema monárquico en función a su ideología filosófica y canónica. Los demás representantes latinoamericanos, no llegaron a establecer un nivel de defensa del sistema político disfuncional que había permitido que Francia domine España desde 1807 (Andújar, 2010-2011, p. 305).
Posterior a este momento, a la bonanza del guano vino la Guerra del Pacífico. La bonanza del caucho precedió a las concesiones de territorio peruano a inicios del siglo XX a todos los países limítrofes debido a la posibilidad de una guerra contra ello. Finalmente, el desarrollo económico exportador del Perú en la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado provocó las dos guerras (no declaradas) con Ecuador y una casi confrontación con Chile (Méndez et al, 2012, p. 57).
Históricamente, no se ha registrado nunca un período de estabilidad social, económico o político durante la república peruana, condición que se extiende a toda la región sudamericana.
Una condición que permite detallar las referencias, similitudes y pautas de diferenciación en asuntos económicos, sociales, culturales, lingüísticos y políticos en todos los demás países de la región, porque lo único constante ha sido la inestabilidad.