David Mendieta

En muchos países del mundo elegir un gobernante con ideas de izquierda no es noticia, pero en Colombia lo es, ya que, en más de 200 años de vida republicana, el 19 de junio del presente año, el Pueblo colombiano eligió por primera vez a un mandatario de centro-izquierda. Antes de Gustavo Petro los presidentes del país habían sido de derecha o extrema derecha y lo anterior se puede explicar en la poca acogida que han tenido las ideas de contenido social en la historia del país andino y el papel que han jugado sus elites económicas a la hora de desprestigiar las luchas por la justicia social, los derechos humanos y la reivindicación de mejores condiciones de vida, especialmente para los menos favorecidos, con las excusas de las luchas contra el comunismo durante la Guerra Fría y luego contra el terrorismo después del 11S.
Se hace importante entonces entender qué es Colombia para luego comprender cómo un exguerrillero pudo llegar a la presidencia de un estado marcado por el conservadurismo político y el odio a cualquier cosa que tenga relación con la guerrilla. El país tiene una extensión equiparable al tamaño de España, Francia y Portugal juntos, lo que lo convierte en el quinto más extenso de América Latina, solo superado por Brasil, México, Argentina y Perú. Con algo más de 50 millones de habitantes es el tercero más poblado, después de Brasil y México. A nivel económico cuenta con el quinto Producto Interno Bruto (PIB) de la región, después de Brasil, México, Argentina y Chile. Pero el puesto 23 de ingreso per cápita entre 32 estados medidos de la misma región. También es el cuarto más desigual del mundo, después de Sudáfrica, Honduras y Haití.
El país es considerado como el segundo más megadiverso del planeta, tenemos el mayor número de especies de animales por metro cuadrado, es rico en recursos renovables como lo son la flora y la fauna. Frente a recursos no renovables es el primer exportador de esmeraldas del mundo, el sexto de carbón térmico, el vigésimo cuarto de oro, el doceavo de níquel y es exportador de petróleo, entre otros.
En lo social, el conflicto es una constante en la historia del país. En el siglo XIX hubo nueve guerras civiles del orden nacional y más de veinte choques bélicos de carácter regional, pero el siglo XX no fue mejor. Enfrentamientos partidistas, el surgimiento de las guerrillas, el narcotráfico y el paramilitarismo convertirán el territorio nacional en campo de batalla de fuerzas legales e ilegales que se enfrentarán por la hegemonía, en un país que se destaca por sus agrestes montañas, frondosas selvas y caudalosos ríos. Vivimos un conflicto armado no declarado que pervive hoy.
Con el fin de la Guerra Fría, hubo procesos de desmovilización de algunas guerrillas, entre ellas el M-19. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente con 70 miembros elegidos por voto popular y 19 de estos escaños fueron ganados por la desmovilizada M-19. Este proceso constituyente llevó a la expedición de la Constitución de 1991, la cual sigue vigente. Lo anterior significa que la Constitución de Colombia cuenta con un componente ideológico de hombres y mujeres que abandonaron las armas en busca de la institucionalidad y la mayoría de ellos nunca retomó la lucha armada, entre los que se encuentra Gustavo Petro Urrego.
En la década del 90ª mientras las guerrillas no desmovilizadas se fortalecían, también aumentaron sus excesos y abusos contra los colombianos, delitos como el secuestro, la extorción, homicidios, reclutamientos de menores entre muchos otros, se convirtieron en el pan de cada día. El poder de las guerrillas creció, pero también su rechazo social, eso ayudó a construir un discurso marcado por el miedo, el odio y la renuncia de los colombianos a reclamar los más mínimos derechos.
Desde hace 30 años la lucha contra las guerrillas en Colombia ha estado en el centro de los debates electorales y la extrema derecha encontró en ellas la manera de justificar sus excesos y sus abusos. Temas como la educación, la salud y la inversión social se convirtieron en asuntos menores frente al propósito de acabar con la insurgencia y quien pensara diferente era catalogado de enemigo del Estado, un guerrillero más. Con el paso de los años la sociedad colombiana se hizo más indolente frente a los temas sociales y más tolerante con el actuar abusivo de la extrema derecha.
Las FARC-EP eran necesarias para el discurso del odio. Continuar con la guerra era rentable para los sectores más conservadores del establecimiento. La extrema derecha colombiana necesitó de la guerrilla para justificarse a sí misma. Por eso cuando se llegó a un acuerdo de paz entre el Estado colombiano liderado por el entonces Presidente Juan Manuel Santos Calderón, surgieron muchos contradictores que a la hora de la refrendación mediante un plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016 lograron la victoria del NO. Con una diferencia de 54 mil votos los defensores del NO obtuvieron el 50.21% de la totalidad de los votos y quienes votaron por el SI el 49.78%. Unos meses después el partido Centro Democrático con un discurso contrario al acuerdo de paz también ganó las elecciones presidenciales con su candidato Iván Duque Márquez. Ambas elecciones mostraron un país dividido, el del SÍ y el del NO, el conservador y el progresista.
El 28 de abril de 2021 en medio de una pandemia, mientras el país pasaba por la tercera ola de contagios y vivía su peor momento en número de muertes por Covid19 y las autoridades nacionales, departamentales y municipales prohibían las manifestaciones públicas con el argumento de evitar que se convirtieran en focos de contagio, miles de colombianos, especialmente jóvenes salieron a las calles a protestar, evidenciado que era mayor la inconformidad con el Gobierno de Duque que el miedo al virus. Durante los meses de mayo y junio fue declarado el paro nacional, hubo bloqueos en vías de todo el país y llegaron a escasear algunos productos básicos como alimentos, suministros para las industrias, entre otros.
La mayoría de las marchas fueron pacíficas, en algunos casos se presentaron desmanes que pudieron ser ocasionados por sectores de la sociedad con hambre, pero también por individuos infiltrados. Mientras tanto el Gobierno Nacional, las elites regionales, los medios de comunicación tradicionales, la extrema derecha, entre otros, buscaron deslegitimar la protesta social, acudiendo al desprestigio de los marchantes, hay que recordar que durante mucho tiempo en Colombia estuvo mal visto reclamar derechos. Se les quiso vincular con la guerrilla y con Gustavo Petro Urrego, en un país que como se dijo antes, con la excusa de la lucha contra las guerrillas se han cometido muchos abusos.
Durante las protestas el Gobierno Nacional hizo uso de una fuerza desproporcionada en contra de los manifestantes desconociendo incluso sus propios protocolos. Las imágenes de policías disparando armas de fuego a la multitud o tanquetas lanzando cohetes a personas desarmadas le dieron la vuelta al mundo. La defensoría del Pueblo colombiana afirma que fueron más de 70 los muertos durante las manifestaciones de inconformidad social y cientos los desaparecidos. Pero quienes tienen miedo a perder sus privilegios acudieron a viejos mecanismos de disuasión muy presentes en la historia de Colombia, es el caso del uso de civiles armados, encargados de hacer el trabajo sucio de los privilegiados como amenazar, lesionar, desplazar, torturar y asesinar.
Durante los últimos 30 años, Gustavo Petro Urrego, el hijo de una familia de clase media que en la década del 70ª ingresó a la guerrilla del M-19 y quien en 1990 se desmovilizó, fue creciendo en reconocimiento por su papel jugado en el Congreso de la República al denunciar situaciones tan graves como los vínculos de la clase política tradicional con el paramilitarismo o casos de corrupción que de nuevo tenían como protagonistas a políticos tradicionales. Lo anterior le acarreo muchos enemigos en el establecimiento.
Como alcalde de Bogotá fue destituido e inhabilitado en el año 2013 por el entonces Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, lo que fue el comienzo de un enfrentamiento que se ha batallado en diferentes escenarios jurídicos, nacionales e internacionales, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 2020 Petro Urrego vs Colombia, le ordenó al país adecuar su ordenamiento a estándares convencionales. Hoy el Estado colombiano no ha cumplido la anterior orden y ha eludido con una reforma legal hecha a la Procuraduría General de la Nación, claramente inconvencional. A Petro Urrego se le debe reconocer el cumplimiento de su promesa de no volver a tomar las armas a pesar de haber tenido en contra a la clase política tradicional que ha usado todo su poder e incluso las instituciones del Estado para anularlo políticamente.
Con el Gobierno desprestigiado de Iván Duque Márquez que representa a la derecha y a la extrema derecha y el recuerdo vigente de la mayor movilización social de los últimos 70 años, para las elecciones presidenciales de 2022 de nuevo se enfrentaron dos visiones de país, una que representa los intereses de las elites que durante más de 200 años han conservado sus privilegios y otra que reivindica derechos, especialmente de los menos favorecidos, pero que al mismo tiempo carga el estigma de ser liderada por un exguerrillero.
El 29 de mayo del presente año la primera vuelta presidencial es ganada por Gustavo Petro Urrego, con un 40,32% de los votos y mientras tanto los candidatos de derecha Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez obtienen el 28,15% y 23,91% respectivamente. Pasan a la segunda vuelta Petro y Hernández. Esta se realizó el 19 de junio y es ganada por Gustavo Petro Urrego con un 50,44% frente a un 47,31 obtenido por Hernández. Se convierte así en el primer presidente de centro-izquierda en 200 años de vida republicana.
Las propuestas de campaña de Gustavo Petro Urrego chocan con algunos de los estamentos más conservadores y poderosos del país entre los que se encuentran los terratenientes, los industriales y los mineros. En Colombia, muchos de los problemas históricos tienen que ver con la tenencia de la tierra y en este sentido el hoy Presidente electo propone una gran reforma agraria que le permita a más campesinos acceder a la titularidad de la misma. En lo energético y ambiental propone un cambio de modelo al pasar de uno extractivista, basado en el carbón y el petróleo a uno que se sustente en energías renovables.
Plantea una reforma tributaria que pretenderá recaudar más dinero eliminando las exenciones y demás beneficios tributarios dados a las empresas extractoras de minerales y personas naturales y jurídicas con más altos ingresos y patrimonios del país. Petro pide la renegociación de varios tratados de libre comercio celebrados con otros estados, lo que seguramente le traerá problemas en el contexto internacional. Se restablecerán las relaciones con Venezuela, se buscará implementar el acuerdo de paz y se espera que restablezcan las negociaciones de paz con el ELN, rotas durante el Gobierno Duque.
Como puede deducirse, muchos de los ricos en Colombia sienten amenazados sus privilegios y muchos que no lo son, también tienen temor, pero en su caso de perder sus empleos por la huida de sus empleadores e inversores. El reto para el nuevo Presidente de Colombia es unir al país alrededor de su proyecto de sociedad, buscar que cese la polarización, superar los discursos basados en el miedo y el odio, establecer puentes solidos entre las elites económicas, políticas y sociales con el pueblo, disminuir la desigualdad y que mejores condiciones de vida lleguen a más colombianos. Petro tiene la obligación de tranquilizar a sus contradictores y no defraudar a sus seguidores. La tarea no será sencilla, pero por el bien de Colombia tiene que ser posible.

En los últimos meses hubo dos importantes pero polémicos pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia en materia de protección de derechos humanos: por un lado, la Sentencia C 233 de 2021 que amplía las condiciones del derecho a morir en forma digna y por el otro, la Sentencia C 294 de 2021 que declaró inconstitucional la reforma constitucional que establecía la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. En ambos casos gracias a acciones de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos ante nuestro Tribunal Constitucional.
Desde 1997 en la Sentencia C 239 al declarar la constitucionalidad del tipo penal que penaliza el homicidio por piedad, la Corte Constitucional estableció el derecho a morir de forma digna, en este sentido expresó: “El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral.” En esta misma sentencia la Corte exhortó al Congreso de la República para que en el tiempo más breve posible reglamentara el derecho a la muerte digna y pasados más de 24 años no lo ha hecho.
Sin embargo, luego de más de dos décadas de proferida esa histórica decisión siguen siendo muchas las barreras en el país para el goce efectivo a morir dignamente, entre las que se destaca como se dijo antes la inexistencia de un marco legal que reglamente esta práctica. Este déficit normativo ha permitido que haya trabas provenientes de clínicas y hospitales e incluso del propio Ministerio de Salud a la hora de que algunas personas pretendan hacer uso de este derecho, obligándolas a tener que acudir antes los jueces y exigir el derecho a través de la acción de tutela.
En la sentencia C 233 de 2021 la Corte Constitucional de Colombia fue más allá y amplió el derecho a morir dignamente no solo a los enfermos terminales tal y como lo había consagrado en 1997, sino que concedió este derecho a toda persona que padezca una enfermedad grave e incurable que le produzca intensos sufrimientos y haya adoptado la decisión libre y autónoma de terminar con su vida. Para nuestro Tribunal Constitucional el derecho a la vida no puede reducirse a la mera existencia biológica, sino que implica la posibilidad de vivir en condiciones dignas.
Frente a la inconstitucionalidad de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, tendríamos que decir que el 22 de julio de 2020 el Congreso de la República reformó el artículo 34 de la Constitución de Colombia y estableció esta sanción para quienes cometieran los delitos antes enunciados. Los colombianos ya estábamos acostumbrados a que periódicamente la cadena perpetua fuera propuesta para este tipo de actos punibles ya fuera con fines electorales o politiqueros. Parecía rentable especialmente en época electoral que algunos candidatos asumieran la bandera de la protección de los niños del abuso de los adultos. Incluso ya se había intentado una reforma constitucional a través de un referendo, pero la ley de convocatoria 1327 de 2013 fue declarada inconstitucional por razones procedimentales. La diferencia es que el Acto Legislativo 01 de 2020 sí materializó la reforma constitucional.
Para la época el Gobierno de Iván Duque Márquez, salió en defensa de la reforma y expresó: “No es solamente que tendremos la cadena perpetua, sino que serán imprescriptibles estas conductas para que no exista ningún miserable delincuente que pretenda que con el pasar del tiempo se extinga ante la sociedad su responsabilidad”. Para un Presidente con niveles de des favorabilidad por encima del 70%, mostrarse ante la opinión pública como un defensor de los derechos de los niños le vino bien.
La cifra de delitos cometidos contra niños en Colombia es dramática: entre enero y julio del año 2021 y según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fueron abiertos 20.386 procesos de protección para niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia. La lista la encabeza la violencia sexual, con el 48% de los casos. Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, en este mismo periodo de tiempo, se realizaron 9.490 exámenes medicolegales por presunto abuso sexual a menores de edad. La mayoría de los exámenes fueron practicados a niños entre los 10 y 14 años (4.766 exámenes). Luego sigue el grupo entre 5 y 9 años (2.202) y para finalizar el grupo entre 15 y 17 años (1.549) ¿Estas cifras le dan la razón al Presidente?
Como se dijo antes, el número de casos de violencia y abuso contra niños en Colombia es vergonzoso y preocupante, pero creer que el problema se soluciona con establecer la cadena perpetua para este tipo de delitos es simplista y populista. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en Colombia existen sanciones de hasta 60 años para delitos graves como los mencionados. En la sentencia C 294 de 2021 La Corte Constitucional colombiana termina concluyendo: “Adicionalmente, la Sala Plena observó que la pena de prisión perpetua revisable incluida en el artículo 34 de la Constitución no es una medida idónea para asegurar la protección de los NNA víctimas de los delitos que regula; y en contraste, genera efectos tan graves a la dignidad humana de la persona condenada y al sistema penitenciario actual, que no es una medida proporcional ni efectiva.”
En Colombia cualquier ciudadano puede acudir ante la Corte Constitucional para demandar actos reformatorios de la Constitución, leyes, decretos con fuerza material de ley y demás normas contendidas en los artículos 241 y 10º transitorio de nuestra Carta Magna. Esta institución de control de constitucionalidad existe en nuestro país desde 1910 y se ha convertido en uno de los principales mecanismos para garantizar la supremacía efectiva de la Constitución.
Somos una sociedad históricamente con tradiciones conservadoras, pero sentencias como la C 233 y 294, ambas de 2021, harán parte de las decisiones de tipo progresista tomadas por la Corte Constitucional que han ayudado a que nuestro país avance por la senda de la protección de los derechos humanos. Algunos de estos fallos no fueron populares en su momento: despenalización de la dosis personal (1994), derecho a la muerte digna en caso de enfermedades terminales (1997), la despenalización del aborto en las tres circunstancias clásicas (2006), matrimonio para parejas del mismo sexo (2011), adopción para personas de orientación sexual diversa (2012, 2015, 2016), entre otras. Pero con el paso de los años la resistencia de la mayoría de los colombianos ha disminuido y se ha demostrado que el derecho constitucional puede ser un elemento transformador de una sociedad y la acción ciudadana de inconstitucionalidad ha jugado un papel importante como instrumento de control social, político y jurídico contra mayoritario.

 "Los inventores de fábulas, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía, donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra." (Gabriel Garcia Márquez, Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, Estocolmo, 1982)

En el 2021 se cumplen 30 años de la creación de nuestra Constitución vigente, pero también es el año del mayor levantamiento social de nuestra historia reciente y es la historia la que nos permite entender lo que está pasando en Colombia. Nuestro país tiene el conflicto armado no resuelto más antiguo del hemisferio occidental. Mientras terminaba la Guerra Fría las guerrillas colombianas encontraron otra forma de financiación en el narcotráfico y desde entonces es éste el que alimenta nuestro conflicto armando, con actores adicionales como los paramilitares y la delincuencia común.
En la década del 90ª mientras las guerrillas se fortalecían aumentaron sus excesos y abusos contra los colombianos, delitos como el secuestro, la extorción, homicidios, reclutamientos de menores entre muchos otros. Se convirtieron en el pan de cada día. El poder de las guerrillas creció, pero también su rechazo social, eso ayudó a construir un discurso marcado por el miedo y la renuncia de los colombianos a reclamar los más mínimos derechos. Durante años en Colombia estuvo mal visto salir a protestar, exigir oportunidades o pedir justicia social, quienes lo hacía eran acusados de guerrilleros. Bien lo dice Alejandro Jodorowsky: “Los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad”. Esa frase nos representa bien a los colombianos, al menos a los que nacimos en el siglo XX.
En el siglo pasado hubo hombres y mujeres que sí lucharon por nuestros derechos, pero muchos fueron asesinados y/o desaparecidos mientras una sociedad traumada los olvidaba. El miedo a las guerrillas sirvió como excusa para justificar los excesos de la fuerza del Estado, los privilegios de las elites y el surgimiento del paramilitarismo.  Mientras hubiera guerrilla no había lugar para pedir justicia social, oportunidades o igualdad. Un estado constante de zozobra ha justificado tener el ejército más numeroso de la región en relación con el número de habitantes y que gran parte de nuestro PIB se vaya a mantener la guerra.
Desde hace 30 años la lucha contra las guerrillas en Colombia ha estado en el centro de los debates electorales y la extrema derecha encontró en ellas la manera de justificar sus excesos y sus abusos. Temas como la educación, la salud y la inversión social se convirtieron en asuntos menores frente al propósito de acabar con la insurgencia y quien pensara diferente era catalogado de enemigo del Estado, un guerrillero más. Con el paso del tiempo la sociedad colombiana se hizo más indolente frente a los temas sociales y más tolerante con el actuar abusivo de la extrema derecha.
Las FARC-EP eran necesarias para el discurso del odio. Continuar con la guerra era rentable para los sectores más conservadores del establecimiento. La extrema derecha colombiana necesita a la guerrilla para justificarse a sí misma. Por eso cuando se llegó a un acuerdo de paz entre el Estado colombiano liderado por el entonces Presidente Juan Manuel Santos, surgieron muchos contradictores que a la hora de la refrendación mediante un plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016 lograron la victoria del NO. Hubo quienes dijeron que Colombia se iba a convertir en Venezuela o que se le había entregado el Estado a la guerrilla y de nuevo se sembró miedo en los colombianos. Con una diferencia de 54 mil votos los defensores del NO obtuvieron el 50.21% de la totalidad de los votos y quienes votaron por el SI el 49.78%. Unos meses después el partido Centro Democrático con un discurso contrario al acuerdo de paz también ganó las elecciones presidenciales con su candidato Iván Duque Márquez.
Las razones para luchar no son nuevas, son las mismas que las de hace 30 años, pero sí son tiempos diferentes. Hay nuevos luchadores que acompañan a los de siempre: a los indígenas, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos. Los nuevos son los hijos del Siglo XXI. No tienen el miedo con el que educaron a los que nacimos en el siglo pasado. No ven los canales de televisión que pertenecen a los grupos económicos y que solo pretenden preservar el statu quo. Están conectados a redes sociales y tienen en sus bolsillos una cámara de video para dejar constancia de una vieja alianza entre policías y paramilitares hecha para que con sangre y fuego se conserven los privilegios de las elites regionales. Los abusos de la fuerzas estatales y paraestatales no son nuevas, pero evidenciarlas en tiempo real sí.
Hoy somos 50 millones de colombianos, de los cuales el 42.5% es pobre y de estos el 15.1% es extremadamente pobre. Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) se es pobre si se gana menos de 70 euros al mes por persona y extremadamente pobre si se devenga menos de 32 euros mensuales. Teniendo en cuenta la anterior información que en un año los pobres hayan aumentado 3 millones para un total de 21 millones es un dato dramático que debería tener en alerta humanitaria a cualquier sociedad. Pero eso en Colombia no sucedió, pues el manejo de la pandemia ha sido un desastre con medidas económicas conservadoras, ayudas que llegaron especialmente a las grandes empresas y una propuesta de reforma tributaria que afectaba a las clases baja y media al proponer Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 19% para la gasolina, productos de la canasta familiar, servicios públicos, internet, entre muchos otros.
El 21 de noviembre de 2019 ya había habido un paro nacional que reunió en las calles a millones de colombianos, pero sus alcances su vieron truncados con la llegada de la pandemia. El 28 de abril de 2021 mientras el país pasaba por la tercera ola de contagios, vivía su peor momento en número de muertes por Covid19 y las autoridades nacionales, departamentales y municipales prohibían las manifestaciones públicas con el argumento de evitar que se convirtieran en focos de contagio, miles de colombianos, especialmente jóvenes salieron a las calles a protestar, evidenciado que era mayor la inconformidad con el Gobierno que el miedo al virus.
La mayoría de las marchas han sido pacíficas, en algunos casos se han presentado desmanes que pueden ser ocasionados por sectores de la sociedad que están con hambre, pero también por individuos infiltrados. Mientras tanto el Gobierno Nacional, las elites regionales, los medios de comunicación tradicionales, la extrema derecha, entre otros, han buscado deslegitimar la protesta social, acudiendo al desprestigio de los marchantes, hay que recordar que durante mucho tiempo en Colombia estuvo mal visto reclamar derechos. Se les ha querido vincular con la guerrilla, en un país que como se dijo antes, con la excusa de la lucha contra las guerrillas se han cometido muchos abusos.
En dos semanas de protestas el Gobierno Nacional ha hecho uso de una fuerza desproporcionada en contra de los manifestantes. Las imagines de policías disparando armas de fuego a la multitud o tanquetas lanzando cohetes le han dado la vuelta al mundo. La defensoría del Pueblo afirma que son más de 40 los muertos durante las manifestaciones de inconformidad social y cientos los desaparecidos. Pero quienes tienen miedo a perder sus privilegios están acudiendo a viejos mecanismos de disuasión muy presentes en la historia de Colombia, es el caso del uso de civiles armados, encargados de hacer el trabajo sucio de los privilegiados como amenazar, lesionar, desplazar, torturar y asesinar. Ahora los manifestantes están siendo víctimas de los ataques de los paramilitares.
Hoy los jóvenes colombianos están luchando por una segunda oportunidad, para que cesen por fin los muchos años de exclusión, injusticia y miedo que han marcado la historia del país, que pueda construirse como dijo García Márquez nuestra utopía de sociedad. El mundo tiene la obligación de poner sus ojos en lo que está pasando en Colombia y exigirle al Gobierno renunciar a la represión y garantizar la vida de los manifestantes, que deben ser protegidos de las fuerzas estatales y las paraestatales y sí el mundo no lo hace, nos habrán condenado a otros cien años de soledad.